Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada denunciamos con contundencia la nueva reforma del Reglamento de Extranjería, en vigor desde el 20 de mayo, que deja en el limbo a miles de personas migrantes en Andalucía y en el resto del Estado.
A partir de ahora, el tiempo que una persona solicitante de asilo pasa en España trabajando legalmente mientras espera la resolución de su expediente ya no contará para solicitar un permiso de residencia por arraigo laboral si su solicitud es denegada. Es decir: el propio sistema obliga a esperar durante meses o años, permite trabajar mientras tanto, pero luego borra ese esfuerzo de un plumazo. Una trampa burocrática con efectos devastadores.
Los datos hablan solos. En los primeros cuatro meses de este año, más de 7.200 personas han solicitado protección internacional en Andalucía. Con un porcentaje de denegaciones que supera el 45%, más de 3.300 personas podrían quedar fuera del sistema sólo en 2025. Si miramos los dos últimos años, la cifra supera las 20.000 personas. A nivel estatal, las organizaciones hablan ya de hasta 250.000 personas afectadas.
La nueva norma genera una bolsa masiva de irregularidad sobrevenida, dejando sin derechos ni recursos a miles de personas que vinieron buscando protección y que han cumplido todas las reglas. Es también un castigo a la integración, al esfuerzo laboral y a la contribución de quienes se han adaptado al país y a su tejido social.
Frente a esta regresión, como Colegio Profesional alzamos la voz. Porque no se puede legislar desde el castigo, ni construir políticas migratorias basadas en el abandono. El trabajo social está del lado de los derechos humanos, de la justicia social y de las vidas que importan. Exigimos la modificación de esta reforma y un compromiso real con una política de acogida que no devuelva a la exclusión a quienes han luchado por salir de ella.
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