El Ayuntamiento de Granada ha decidido prescindir del puesto de asesoramiento jurídico en el Área de Derechos Sociales, dejando sin este recurso esencial a los ocho centros municipales de Servicios Sociales y a la Oficina Social de la Vivienda. Una decisión que supone un grave retroceso en la garantía de derechos y en la lucha contra la exclusión y por la que están protestando trabajadoras y sindicatos.
Desde nuestra institución, entendemos que el asesoramiento jurídico en materia de derechos sociales no es un mero complemento, sino una herramienta fundamental en la intervención social. Su labor no solo informa a la ciudadanía sobre sus derechos, sino que facilita el acceso a la justicia y acompaña en procesos que, de otro modo, pueden generar desorientación e indefensión. En un contexto de extrema precariedad en vivienda y otros derechos fundamentales, eliminar este recurso equivale a debilitar los Servicios Sociales y abandonar a quienes más apoyo necesitan.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada denunciamos que esta decisión contradice el enfoque de derechos que debe guiar cualquier política social. El derecho a la vivienda, a la protección social y a una vida digna no pueden quedar desprovistos del soporte jurídico necesario para hacerlos efectivos. Sin asesoramiento legal, muchas personas se enfrentan solas a desahucios, barreras administrativas o vulneraciones de derechos sin saber cómo defenderse.
Lejos de fortalecer la red de protección social, este recorte deja a las profesionales de la intervención social sin un recurso clave para su labor y a la ciudadanía más vulnerable en una situación de mayor indefensión.
Instamos al Ayuntamiento de Granada a rectificar esta decisión y garantizar la continuidad de este servicio, que resulta esencial para la justicia social y la defensa de derechos fundamentales.
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