La Oficina de Atención a Personas Migrantes del Ayuntamiento de Granada, única oficina pública de estas características para toda la ciudad, se encuentra actualmente desbordada por una carga de trabajo que ha crecido de forma muy significativa en los últimos meses.
El principal factor que explica esta situación es la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería en mayo de 2025, que ha supuesto un aumento drástico de las gestiones que debe asumir esta oficina municipal.
Una demanda que se ha duplicado
Desde la aplicación del nuevo reglamento, se ha duplicado el número de solicitudes de informes de integración, un trámite imprescindible para numerosos procedimientos administrativos de extranjería. Este incremento hace materialmente imposible cumplir el plazo legal de 30 días para la emisión de dichos informes con los recursos humanos actuales.
A esta carga se suma la tramitación de los informes de adecuación de vivienda, necesarios para procesos como la reagrupación familiar, lo que incrementa aún más la presión sobre un equipo ya claramente insuficiente para el volumen de trabajo existente.
Un problema estructural, no puntual
El problema no es coyuntural ni responde a una mala organización interna. Se trata de una cuestión estructural de falta de personal. Una sola oficina pública no puede asumir, sin refuerzo, un incremento tan elevado de funciones y expedientes para toda la ciudad de Granada.
La solución pasa necesariamente por reforzar la plantilla con más profesionales, que permitan tramitar el aumento real de solicitudes y garantizar una atención administrativa en plazos razonables, evitando retrasos que tienen consecuencias directas sobre la vida de las personas usuarias.
Un refuerzo insuficiente, pero necesario
Tras un largo periodo de reivindicación, el 12 de febrero se incorporó una nueva trabajadora social al equipo de estructura, un paso positivo que reconoce la necesidad de refuerzo. Sin embargo, esta incorporación resulta claramente insuficiente para absorber el volumen actual de trabajo generado tras la modificación normativa.
Garantizar derechos administrativos en materia de extranjería no es sólo una cuestión de procedimientos. Requiere medios humanos suficientes y una planificación acorde a la realidad social y normativa. Reforzar la Oficina de Atención a Personas Migrantes es una medida imprescindible para que el sistema funcione y para que la atención pública esté a la altura de las necesidades de la ciudad.
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