

El pasado viernes, Córdoba se convirtió en punto de encuentro del trabajo social andaluz con la celebración de las jornadas “El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía a debate: Analizar para avanzar”, organizadas por el Consejo Andaluz de Trabajo Social en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba.
El encuentro reunió a profesionales del trabajo social, administraciones públicas, entidades sociales y ciudadanía en un espacio de análisis compartido sobre la situación actual del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). A lo largo de la jornada se abordaron los principales retos que sigue afrontando el sistema, casi dos décadas después de la aprobación de la Ley de Dependencia, con especial atención a las dificultades de gestión, la coordinación entre organismos y el incremento sostenido de la demanda.
La jornada se inició con una ponencia marco a cargo de Patricia Zafra Infante, de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que permitió situar el contexto actual del sistema. Posteriormente, se desarrolló la mesa redonda centrada en las medidas y propuestas desde la intervención del trabajo social al SAAD, en la que participaron profesionales de distintos ámbitos, aportando una visión directa de la práctica y de las limitaciones que se encuentran en el día a día.
En una segunda mesa, centrada en el papel del tercer sector y la ciudadanía, se puso el foco en el relato que hay detrás de los datos, incorporando la perspectiva de organizaciones y colectivos implicados en la atención a la dependencia. Este espacio permitió ampliar el análisis y reforzar la necesidad de escuchar a quienes forman parte activa del sistema, tanto desde la intervención como desde la experiencia.
Además, la jornada incorporó dinámicas participativas como “El árbol de la vida en dependencia”, orientadas a recoger aportaciones y experiencias de las personas asistentes. Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada valoramos la celebración de este tipo de espacios como fundamentales para compartir diagnóstico, reforzar la coordinación y avanzar en propuestas que permitan mejorar un sistema clave para la garantía de derechos.
